Boletín de prensa
Cuernavaca, Morelos, a 1 de diciembre de 2011
Alarmante la pérdida de selva baja caducifolia en la zona
conurbada de Cuernavaca y el estado de Morelos
Ambientalistas solicitan al Presidente Felipe Calderón y a la procuradora Maricela Morales Ibáñez no afectar siete mil metros cuadrados de este ecosistema nativo, para construir oficinas de la PGR
El ecosistema de selva baja caducifolia tiene una gran riqueza en biodiversidad, y en ella coexisten especies de flora y fauna endémicas, es decir, únicas en el mundo. Algunas de ellas están en peligro de extinción. No obstante, en el estado de Morelos se destruyen anualmente 2 mil 500 hectáreas a causa del crecimiento urbano desordenado y la ampliación de la frontera agrícola. Antes de convertirse en una metrópolis, Cuernavaca contaba con cerca de 15 mil hectáreas de selva baja. Actualmente, de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del
Territorio de Cuernavaca (POET), le quedan aproximadamente 200 hectáreas que podrían perderse para siempre, de continuar su destrucción cotidiana.
Por lo anterior, los ambientalistas se alarmaron al saber que la Procuraduría General de la Republica (PGR) iniciaría una obra de construcción en una área de siete mil metros cuadrados dentro de uno de los predios más grandes de selva baja caducifolia que aún se conservan en Cuernavaca. Dicha área consta de de seis hectáreas y esta ubicada entre la autopista México-Acapulco y el centro comercial Mega Comercial Mexicana.
Cabe señalar que, desde años atrás, la organización ambientalista Guardianes de los Árboles ha solicitado a los tres niveles de gobierno que ésta área verde de selva baja, que se encuentra en excelente estado de conservación y que cuenta con una población de fauna nativa, sea adquirida para decretarla como Área Natural Protegida. Sin embargo, el tiempo ha pasado y nunca ha habido respuesta por parte de las autoridades.
Fue hace un mes aproximadamente que los ambientalistas fueron avisados por vecinos del lugar que trascabos comenzaron a penetrar al predio de selva baja, lo que causó sobresalto, pues era evidente que en ese sitio se iniciaría una obra de construcción.
Una cantidad no determinada todavía de árboles nativos, como cazahuates, cuauhlotes, y maleza fueron retirados por la maquinaria. Los ambientalistas procedieron inmediatamente a investigar si la constructora al servicio de la PGR contaba con los permisos requeridos por la ley. Días después, se recibió la respuesta oficial de la Comision Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) en que se informa que la empresa no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). De la misma forma, la Dirección de Protección Ambiental del Municipio de Cuernavaca, notificó a los ecologistas que no ha sido expedido un Dictamen de Afectación Arbórea, por lo que fue totalmente ilegal el retiro de los árboles nativos. Por dicha afectación se presentó una denuncia ante la PROFEPA.
Lo anterior es sumamente preocupante ya que la PGR, máxima autoridad para velar por la ley y aplicarla, es quien la viola. Irónicamente, es precisamente en la PGR donde se presentan las demandas por afectación al medio ambiente.
Ante esta situación, los ambientalistas han presentado una carta a la Lic. Maricela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, donde se le solicita de forma respetuosa reubicar el proyecto de la PGR en otro predio de la ciudad de Cuernavaca donde no cause daños al medio ambiente. Se entregó copia a las delegaciones de oficinas centrales de la SEMARNAT, CONABIO y Presidencia de la Republica. De la misma forma los ambientalistas entregaron una carta dirigida al Presidente Felipe Calderón Hinojosa donde le solicitan atentamente la donación los siete mil metros cuadrados del área verde de selva bajacaducifolia, ahora propiedad del gobierno federal, para convertirla en Área Natural Protegida dado que este ecosistema esta en riesgo de desaparecer en la zona conurbada de Cuernavaca. Su decisión a favor de la donación daría congruencia al llamado que el Presidente Calderón ha hecho en foros nacionales e internacionales con relación al gran esfuerzo que se requiere para conservar los ecosistemas de nuestro país, dado el grave fenómeno del cambio climático.
Es importante destacar que, de acuerdo a investigadores académicos de la UNAM, en los últimos años ha aumentado dos grados el área donde se ubica el área verde de selva baja en cuestión a causa de las islas de calor que se han creado al desplazar áreas verdes para ser reemplazadas por concreto. Por lo tanto, esta porción de seis hectáreas de selva baja juega un papel estratégico, pues es una isla verde de amortiguamiento ambiental que regula el clima local y mitiga la contaminación del aire.
Es sabido que recientemente se inauguró en Cuernavaca el Parque Tlaltenago, resultado de un movimiento ambientalista-ciudadano que solicitó al Presidente Municipal de Cuernavaca que fuera adquirido el predio de una hectárea y media, para que en lugar de construir un centro comercial se creara un parque público. Y así se hizo. Este precedente podría influir en la decisión del gobierno federal para donar el área verde de selva baja, pues a diferencia del predio de Tlatenango, éste es un ecosistema cien por ciento nativo en excelente estado de conservación y que, además, es un predio propiedad de la nación y no de un particular.
Las demandas de los ambientalistas son:
1. Al Presidente Felipe Calderón: La donación de los siete mil metros cuadrados de selva baja
caducifolia, propiedad del gobierno federal, donde se pretenden construir instalaciones de la PGR, para que dicha área sea decretada como Área Natural Protegida, ya sea bajo resguardo federal, estatal o municipal. En consecuencia, reubicar el proyecto de la PGR a un predio en la ciudad de Cuernavaca donde no cause un impacto al medio ambiente.
2. A la Comisión Estatal de
Agua y Medio Ambiente, (CEAMA): No aprobar ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de proyectos que pretendan construir en las seis hectáreas de selva baja caducifolia en cuestión, considerado por los ambientalistas y académicos como un santuario natural nativo, como tampoco en ninguna otra área de Cuernavaca que contenga el mismo tipo de ecosistema.
3. Al Ayuntamiento de Cuernavaca: No otorgar Dictamen de Afectación Arbórea, ni licencia de construcción a proyectos que pretendan construir en las seis hectáreas de selva baja caducifolia en cuestión, consideradas por los ambientalistas y académicos como un santuario natural nativo, como tampoco en ninguna otra área de Cuernavaca que contenga el mismo ecosistema.
Los ambientalistas manifestaron que esta área verde de selva baja es un caso prioritario, razón por la cual intercederán -- en alianza con un grupo de vecinos del lugar preocupados por la posible desaparición de este ecosistema -- no solo por el rescate de los siete mil metros cuadrados que pertenecen al gobierno federal, sino por la totalidad de las seis hectáreas para que sea decretada Área Natural Protegida.
Los ecologistas están a la espera de que en los próximos días haya respuesta a sus peticiones por parte del Presidente de la República y de la Procuradora de la República.
Guardianes de los Árboles, A.C.
Ambientalistas solicitan al Presidente Felipe Calderón y a la procuradora Maricela Morales Ibáñez no afectar siete mil metros cuadrados de este ecosistema nativo, para construir oficinas de la PGR
El ecosistema de selva baja caducifolia tiene una gran riqueza en biodiversidad, y en ella coexisten especies de flora y fauna endémicas, es decir, únicas en el mundo. Algunas de ellas están en peligro de extinción. No obstante, en el estado de Morelos se destruyen anualmente 2 mil 500 hectáreas a causa del crecimiento urbano desordenado y la ampliación de la frontera agrícola. Antes de convertirse en una metrópolis, Cuernavaca contaba con cerca de 15 mil hectáreas de selva baja. Actualmente, de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del
Territorio de Cuernavaca (POET), le quedan aproximadamente 200 hectáreas que podrían perderse para siempre, de continuar su destrucción cotidiana.
Por lo anterior, los ambientalistas se alarmaron al saber que la Procuraduría General de la Republica (PGR) iniciaría una obra de construcción en una área de siete mil metros cuadrados dentro de uno de los predios más grandes de selva baja caducifolia que aún se conservan en Cuernavaca. Dicha área consta de de seis hectáreas y esta ubicada entre la autopista México-Acapulco y el centro comercial Mega Comercial Mexicana.
Cabe señalar que, desde años atrás, la organización ambientalista Guardianes de los Árboles ha solicitado a los tres niveles de gobierno que ésta área verde de selva baja, que se encuentra en excelente estado de conservación y que cuenta con una población de fauna nativa, sea adquirida para decretarla como Área Natural Protegida. Sin embargo, el tiempo ha pasado y nunca ha habido respuesta por parte de las autoridades.
Fue hace un mes aproximadamente que los ambientalistas fueron avisados por vecinos del lugar que trascabos comenzaron a penetrar al predio de selva baja, lo que causó sobresalto, pues era evidente que en ese sitio se iniciaría una obra de construcción.
Una cantidad no determinada todavía de árboles nativos, como cazahuates, cuauhlotes, y maleza fueron retirados por la maquinaria. Los ambientalistas procedieron inmediatamente a investigar si la constructora al servicio de la PGR contaba con los permisos requeridos por la ley. Días después, se recibió la respuesta oficial de la Comision Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) en que se informa que la empresa no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). De la misma forma, la Dirección de Protección Ambiental del Municipio de Cuernavaca, notificó a los ecologistas que no ha sido expedido un Dictamen de Afectación Arbórea, por lo que fue totalmente ilegal el retiro de los árboles nativos. Por dicha afectación se presentó una denuncia ante la PROFEPA.
Lo anterior es sumamente preocupante ya que la PGR, máxima autoridad para velar por la ley y aplicarla, es quien la viola. Irónicamente, es precisamente en la PGR donde se presentan las demandas por afectación al medio ambiente.
Ante esta situación, los ambientalistas han presentado una carta a la Lic. Maricela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, donde se le solicita de forma respetuosa reubicar el proyecto de la PGR en otro predio de la ciudad de Cuernavaca donde no cause daños al medio ambiente. Se entregó copia a las delegaciones de oficinas centrales de la SEMARNAT, CONABIO y Presidencia de la Republica. De la misma forma los ambientalistas entregaron una carta dirigida al Presidente Felipe Calderón Hinojosa donde le solicitan atentamente la donación los siete mil metros cuadrados del área verde de selva bajacaducifolia, ahora propiedad del gobierno federal, para convertirla en Área Natural Protegida dado que este ecosistema esta en riesgo de desaparecer en la zona conurbada de Cuernavaca. Su decisión a favor de la donación daría congruencia al llamado que el Presidente Calderón ha hecho en foros nacionales e internacionales con relación al gran esfuerzo que se requiere para conservar los ecosistemas de nuestro país, dado el grave fenómeno del cambio climático.
Es importante destacar que, de acuerdo a investigadores académicos de la UNAM, en los últimos años ha aumentado dos grados el área donde se ubica el área verde de selva baja en cuestión a causa de las islas de calor que se han creado al desplazar áreas verdes para ser reemplazadas por concreto. Por lo tanto, esta porción de seis hectáreas de selva baja juega un papel estratégico, pues es una isla verde de amortiguamiento ambiental que regula el clima local y mitiga la contaminación del aire.
Es sabido que recientemente se inauguró en Cuernavaca el Parque Tlaltenago, resultado de un movimiento ambientalista-ciudadano que solicitó al Presidente Municipal de Cuernavaca que fuera adquirido el predio de una hectárea y media, para que en lugar de construir un centro comercial se creara un parque público. Y así se hizo. Este precedente podría influir en la decisión del gobierno federal para donar el área verde de selva baja, pues a diferencia del predio de Tlatenango, éste es un ecosistema cien por ciento nativo en excelente estado de conservación y que, además, es un predio propiedad de la nación y no de un particular.
Las demandas de los ambientalistas son:
1. Al Presidente Felipe Calderón: La donación de los siete mil metros cuadrados de selva baja
caducifolia, propiedad del gobierno federal, donde se pretenden construir instalaciones de la PGR, para que dicha área sea decretada como Área Natural Protegida, ya sea bajo resguardo federal, estatal o municipal. En consecuencia, reubicar el proyecto de la PGR a un predio en la ciudad de Cuernavaca donde no cause un impacto al medio ambiente.
2. A la Comisión Estatal de
Agua y Medio Ambiente, (CEAMA): No aprobar ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de proyectos que pretendan construir en las seis hectáreas de selva baja caducifolia en cuestión, considerado por los ambientalistas y académicos como un santuario natural nativo, como tampoco en ninguna otra área de Cuernavaca que contenga el mismo tipo de ecosistema.
3. Al Ayuntamiento de Cuernavaca: No otorgar Dictamen de Afectación Arbórea, ni licencia de construcción a proyectos que pretendan construir en las seis hectáreas de selva baja caducifolia en cuestión, consideradas por los ambientalistas y académicos como un santuario natural nativo, como tampoco en ninguna otra área de Cuernavaca que contenga el mismo ecosistema.
Los ambientalistas manifestaron que esta área verde de selva baja es un caso prioritario, razón por la cual intercederán -- en alianza con un grupo de vecinos del lugar preocupados por la posible desaparición de este ecosistema -- no solo por el rescate de los siete mil metros cuadrados que pertenecen al gobierno federal, sino por la totalidad de las seis hectáreas para que sea decretada Área Natural Protegida.
Los ecologistas están a la espera de que en los próximos días haya respuesta a sus peticiones por parte del Presidente de la República y de la Procuradora de la República.
Guardianes de los Árboles, A.C.


